Cuando Ezker Batua-Berdeak se incorporó al Gobierno Vasco en el año 2001, dos fueron los objetivos prioritarios que nos marcamos: impulsar la primera Ley de Suelo de nuestra Comunidad y promover el reconocimiento de los servicios sociales como un derecho de ciudadanía. Hoy, la Ley de Suelo es una realidad que contribuirá, sin duda alguna, a garantizar el acceso a una vivienda digna a un mayor número de personas y, en el medio plazo, los servicios sociales en Euskadi serán un derecho subjetivo exigible ante los Tribunales.
Evidentemente, tras estas dos iniciativas hay muchas horas de trabajo, pero sobre todo, y esto es lo más importante, hay diálogo, hay acuerdo y hay convicción. El tejido institucional vasco -Gobierno, Diputaciones Forales y Ayuntamientos- exige tejer una red estable de complicidades, respetuosa con el ámbito competencial vigente, a la que debe sumarse el movimiento asociativo y el llamado tercer sector, cuyas demandas y aspiraciones también deben ser tomadas en consideración. Sólo así se puede afrontar con éxito el reto de elaborar un Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales.
Mentiría si dijera que en este caso la negociación ha sido fácil; hemos invertido esfuerzo, tesón y, en ocasiones, hemos llegado a pensar que el acuerdo no sería posible. Sin embargo, finalmente hemos sido capaces de aparcar las diferencias y primar el bienestar de las personas sobre los intereses propios y particulares, suscribiendo un texto común, que implica de facto la habilitación de un Sistema Vasco de Servicios Sociales universal, público, moderno y avanzado, capaz de dar respuesta de modo efectivo a los retos de una Comunidad, que basa su desarrollo futuro en el respeto a los principios de igualdad y equidad en la consolidación de las políticas orientadas a su bienestar.
Muchas son las novedades que presenta el nuevo Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales, y todas ellas merecen una mención especial. He citado la consideración de las prestaciones y servicios en esta materia como un derecho subjetivo, al que podremos acceder todas las personas con un año de empadronamiento previo en Euskadi. Se trata de una auténtica revolución en el ámbito de los servicios sociales, que se consolidan como el eje central de una política alternativa que aspira a la justicia social. Para ello, es imprescindible, igualmente, que todas las ciudadanas y ciudadanos reciban las mismas prestaciones y los mismos servicios en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, sin que nadie quede desatendida o desatendido por razones económicas.
El Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales contempla la redacción de un Catálogo de Prestaciones y Servicios común para toda la Comunidad, que permitirá superar las diferencias actuales, y asume el copago, reservando siempre una cantidad mínima anual de libre disposición para la persona usuaria, excluyendo del procedimiento de reconocimiento de deuda la cuantía equivalente al precio tipo de una vivienda usada, establecida en función de indicadores oficiales. Es decir, toda persona que requiera una prestación o servicio deberá ver satisfecha su necesidad, en unos casos con carácter gratuito y en otros abonando una parte determinada, que no afectará al valor medio de su primera vivienda ni le impedirá hacer frente a sus gastos habituales.
Otra novedad de este documento, fruto del consenso político, institucional y social, es la apuesta por la calidad, que será responsabilidad del Observatorio Vasco de Servicios Sociales, y se sustentará a través de un apoyo decidido a la inspección y a la aplicación de sanciones cuando no se cumplan los requisitos materiales, funcionales y de personal que les sean exigidos. Primamos, igualmente, la cercanía, y en este sentido cada persona o familia tendrá asignado un o una profesional de referencia, que le ofrecerá coherencia en los itinerarios de atención y coordinación en todas las intervenciones. “Hacer política desde la esperanza y el idealismo en la vida pública”, fue una de las razones por las que Amnistía Internacional concedió a Nelson Mandela el Premio Embajador de la Conciencia. A quienes suscribimos este Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales nos anima el mismo impulso, y lo hacemos, además, desde el consenso, que tantas veces reivindicamos, pero no siempre aplicamos.

Javier Madrazo Lavín
Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales