jueves, 11 de enero de 2007
Publicado por Desconocido @ 12:17  | medio ambiente
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La energía eólica ha alcanzado en España un desarrollo importante que la convierte en uno de los países con mayor potencia instalada así como en uno de los mayores productores de máquinas eólicas que exporta a muchos países del mundo. En España la producción en Kwh. eólicos superó en 2005 a la producción de energía eléctrica de origen hidráulico. A finales del año pasado y con carácter puntual, la producción eléctrica eólica ha superado la energía eléctrica de origen nuclear. Este sector energético ha creado en España 31.000 puestos de trabajo directos e indirectos y se podrían alcanzar los 60.000 puestos de trabajo en el año 2010 si no se ponen impedimentos a su crecimiento.
El desarrollo de las energías renovables y de la energía eólica en particular es fundamental para la economía del país, para cumplir con los compromisos del Protocolo Kyoto que hasta ahora incumplimos de forma flagrante, para abordar las consecuencias del encarecimiento y progresivo agotamiento del petróleo y para la creación de empleo ya que las energías renovables generan más puestos de trabajo que las convencionales.
El gobierno español legisló en 1994 el acceso y fijación de precios para la energía eólica en términos similares a la ley alemana. En aquel momento pocos aerogeneradores funcionaban en nuestro país. Doce años después ocupamos el segundo lugar en el mundo, después de Alemania, en producción de energía eólica y en fabricación de sistemas convertidores de energía eólica. La normativa para la energía eólica fue desarrollada y actualizada en un Real Decreto 436/2004 que preveía la revisión periódica de las primas y tarifas que perciben los productores de esta energía a la luz de la marcha del sector y con el fin de adaptarlas también a las condiciones del mercado. Esta revisión tenía que definirse en 2006 y sería de aplicación a partir del año 2008, sin carácter retroactivo.
Sin embargo, la propuesta de Decreto remitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo no consiste sólo en la revisión de las primas y tarifas, sino que supone un cambio de una naturaleza más profunda claramente retroactiva y regresiva. Supone la introducción de una elevada incertidumbre reguladora, así como una notable reducción de la rentabilidad de estas inversiones, poniendo en riesgo su desarrollo futuro. La propuesta del Gobierno discrimina a la energía eólica respecto a la nuclear, y sus efectos positivos para la energía solar son poco creíbles, porque esta es la cuarta vez que se cambia el sistema de apoyo a las renovables. La gran perjudicada sería la energía eólica, a la que no sólo se le reducen las primas a la tercera parte, sino que podría sufrir incluso “primas negativas”, es decir, que a partir de un cierto nivel de precio de la energía en el mercado, los eólicos tendrían que devolver dinero, mientras generadores “sucios” como los nucleares seguirían ganando cada vez más.
Otros aspectos negativos del decreto son la conversión de objetivos del Plan de Renovables en “límites” máximos de potencia a instalar, el estimulo a la incineración de residuos, no tener en cuenta las instalaciones fotovoltaicas en edificios, ni introducir ningún objetivo para eólica marina. En cambio, el decreto hace un tratamiento positivo de las centrales termo solares, a las que asegura su rentabilidad y el poder funcionar en todo momento gracias a la hibridación con biomasa. También se ven favorecidas las centrales de carácter fotovoltaico y algunas formas de biomasa.
Ante esta situación que ha provocado la enérgica protesta tanto de las asociaciones de productores eólicos, como de grupos ecologistas y de centrales sindicales, Izquierda Unida exige al gobierno español la urgente revisión de este borrador de Decreto y su sustitución por otro que mantenga los criterios del Real Decreto 436/2004, que evite la elevada incertidumbre reguladora e inestabilidad de criterio, que mantenga la rentabilidad de estas inversiones y que garantice su desarrollo futuro devolviendo la imprescindible confianza al sector a la hora de invertir en este tipo de energía y en las energías renovables en general. Izquierda Unida tiene la sensación que este borrador de Decreto está inspirado por los intereses de las grandes compañías eléctricas propietarias de las centrales nucleares y térmicas antes que por los intereses generales y el cumplimiento del Protocolo de Kyoto.
Izquierda Unida considera que es necesario mantener un sistema estable y predecible de incentivos que haga más atractivo invertir en energías renovables y limpias que en energías sucias como ocurre ahora. Para conseguir esto hay que abordar el desarrollo de una adecuada Ley de Energías Renovables que fije de una vez por todas como objetivos a conseguir la sustitución de la energía nuclear y de las centrales térmicas más contaminantes por energías renovables, y estabilice por Ley los incentivos a estos tipos de energía cada vez más determinantes para un futuro próximo.

(Joan Ribó Canut, Responsable Medio Ambiente y Sostenibilidad Izquierda Unida)
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