El Gobierno Vasco expropia ocho viviendas e impone 138 sanciones efectivas

El servicio de inspección para el buen uso de la vivienda protegida se puso en marcha en el año 2005, por primera vez en 25 años desde que Euskadi asumiera las competencias en materia de urbanismo y vivienda.

El servicio ejerce una actuación sistemática y de oficio para garantizar: por un lado, que las viviendas están siendo utilizadas por las personas autorizadas para hacerlo -que no se alquilan, ni se venden irregularmente- y, por otro lado, que no permanecen vacías.

El objetivo numérico es revisar, para el año 2009, todo el parque protegido existente en la Comunidad, consistente en algo más de 50.000 viviendas calificadas como protegidas. En dos años, habrán sido inspeccionadas 20.000 Viviendas de Protección Pública.

Las inspecciones consisten en visitas a las viviendas realizadas por personas especialmente cualificadas para este tipo de actuaciones. Previamente a la visita, las personas que habitan las viviendas han sido convenientemente informadas.

Esta actuación se enmarca en el conjunto de acciones emprendidas desde el año 2001 por el Gobierno Vasco en su plan de lucha contra el fraude y la especulación. Una estrategia que el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales viene haciendo efectiva a través del instrumento del Plan Director, de una normativa estricta y, ahora, de la Ley de Suelo. El servicio complementa medidas anteriores, como la generalización a todos los promotores de la adjudicación por sorteo, la calificación de por vida de la vivienda protegida como tal o la aplicación automática del ejercicio de tanteo.

La nueva Ley de Suelo vasca, que entró en vigor en septiembre, permite, en su disposición adicional cuarta, expropiar todas las viviendas protegidas que permanezcan sin uso residencial por más de un año ininterrumpido, o bien se utilicen para fines distintos del de domicilio de la persona titular sin contar con la previa y preceptiva autorización de la institución competente.

Se han inspeccionado, desde febrero de 2.005, 17.182 viviendas protegidas. De estas casi 17.200 viviendas inspeccionadas, se han detectado 1.972 casos con indicios de irregularidad, a los que se han abierto diligencias previas, consistentes en consultas al registro de vpo, al registro de la propiedad, al catastro, solicitudes de informacion sobre consumos… para comprobar si son susceptibles de ser sancionados. Como consecuencia de estas investigaciones se han impuesto 38 sanciones efectivas, por valor de 302.294 euros, con una media de 2.188 euros por sanción.

Se han expropiado ocho viviendas (5 en alava, 1 en vizcaya y 2 en guipuzcoa) que se encuentran en proceso de readjudicación para cubrir las necesidades sociales para las que fue establecido el régimen de protección pública.

Una vez ajustado en 2006 el procedimiento de inspección, estimamos que el nivel de fraude en el uso de las viviendas protegidas se sitúa en el entorno del 9%, siendo las tipologías de uso inadecuado más frecuentes la no ocupación, el alquiler no autorizado o la compraventa no autorizada.