martes, 31 de octubre de 2006
Publicado por Desconocido @ 10:48
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El consejero de Vivienda, Javier Madrazo, volvió a pedir ayer a las diputaciones vascas que apliquen «un recargo fiscal considerable» a los pisos que permanezcan vacíos «durante los doce meses del año». Madrazo eximió de esa «penalización» a las residencias de veraneo, pero recordó que en Euskadi existen otras 27.000 viviendas desocupadas, cuyos dueños podrían ver aumentado el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de forma sustancial para que se decidan a arrendarlas. De forma paralela, reclamó más deducciones fiscales para las personas que viven de alquiler.

El coordinador de Ezker Batua presentó el Plan Director de Vivienda 2006-2009 en una comisión del Parlamento vasco. La cuestión de los pisos vacíos surgió en el debate posterior, cuando el grupo socialista y Aralar se refirieron a la falta de coordinación fiscal entre el Gobierno vasco y las diputaciones en esta materia. Madrazo recordó que ha reclamado varias veces a los gobiernos forales que aumenten el IBI de las viviendas desocupadas. «Pero no han incorporado ningún recargo», se lamentó.

Hace dos años, Ezker Batua propuso incrementar la contribución de esos inmuebles en un 50%. Sin embargo, las diputaciones no tenían claro a qué propietarios habían de penalizar. Tampoco consideraban fácil demostrar cuándo el dueño no utilizaba su casa.

Órgano de Coordinación

El debate no ha avanzado mucho desde entonces, aunque el Departamento de Vivienda lo llevó al Órgano de Coordinación Tributaria, que es la entidad donde los gobiernos forales deciden los impuestos de los ciudadanos vascos. La Hacienda de Álava acaba de descartar cualquier recargo de esas características, mientras que la de Vizcaya insiste en que nadie ha resuelto todavía a quién hay que 'castigar' y cómo. A su juicio, los ayuntamientos deberían pronunciarse sobre esta cuestión, pues el IBI es un impuesto municipal, si bien lo cobran las diputaciones en la mayoría de los casos.

A pesar de todo, Madrazo emplazó ayer a las administraciones forales a que graven de forma específica todas las viviendas que no se utilicen durante un año entero. Para comprobar la ausencia del dueño, el consejero sugirió realizar inspecciones periódicas, revisar las inscripciones en el padrón municipal y echar un vistazo a los consumos de agua y luz. «Esos pisos vacíos representan un lujo insostenible socialmente», denunció.

Lo cierto es que el Gobierno vasco aspira a que cada vez más propietarios alquilen sus viviendas a través del programa Bizigune, que ha movilizado alrededor 3.000 inmuebles. La cifra se encuentra bastante por debajo de los objetivos iniciales (sacar 5.000 viviendas al mercado), pero al Departamento de Madrazo le parece una forma rentable y eficaz de aprovechar el parque residencial de Euskadi.

A través de Bizigune, el Ejecutivo autónomo alquila pisos a particulares con la garantía de que los devolverá en perfecto estado. A continuación, los pone a disposición de ciudadanos con ingresos reducidos y les cobra una renta de tipo social, más pequeña que la cantidad recibida por el propietario. «Quienes no quieran acogerse a este programa deben tener un recargo en el IBI», repitió Madrazo.

El consejero también reclamó a las diputaciones que mejoren las ventajas fiscales de las personas que viven en régimen alquiler, pues, en su opinión, las Haciendas forales están tratando mejor a los arrendadores que a los arrendatarios. «Han aumentado las deducciones de unos y otros, pero en el caso de los inquilinos lo han hecho con menos intensidad», afirmó.

El consejero fue muy crítico con las desgravaciones por la compra de vivienda libre, un capítulo que las diputaciones tienen intención de aumentar. A su modo de ver, el dinero que se deduce el ciudadano en el IRPF se incorpora al precio final del piso y acaba en el bolsillo del promotor. «Es una política inflacionista», resumió Madrazo, que en este punto recibió el apoyo de EA.

El titular de Vivienda recordó que los vascos se deducen cada año por el piso en propiedad una cantidad que multiplica por 2,5 el presupuesto de su Departamento. «Las personas con rentas por encima de los 60.000 euros no deberían recibir ayudas públicas», afirmó.
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