lunes, 11 de septiembre de 2006
Publicado por Desconocido @ 11:42  | medio ambiente
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Greenpeace ha presentado hoy el informe "Quién controla la energía en España", un estudio sobre los flujos financieros de las compañías eléctricas españolas en activos eléctricos durante el periodo 1998-2005.
Coincidiendo con la toma de posesión del nuevo ministro de Industria, Joan Clos, y bajo la premisa de que “quien controla la energía, cambia el clima”, la organización ecologista ha dado a conocer los datos más relevantes sobre las seis grandes compañías eléctricas que operan en España, en el periodo comprendido entre la aprobación del Protocolo de Kioto y la apertura de los mercados eléctricos, y la actualidad. Estos dos acontecimientos marcan los ejes fundamentales del escenario energético, pero por la actuación de la mayor parte de las compañías no puede afirmarse que Kioto haya influido decididamente en sus inversiones.
“Las compañías eléctricas están cambiando el clima y tienen en sus manos la osibilidad de que España cumpla o no con Kioto; es obligación del nuevo Ministro de Industria trabajar en favor de las energías renovables y el ahorro, que son la única solución posible y real a este problema”, ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña de energía y cambio climático de Greenpeace. “El ministro Clos debe saber que existen otras voces y otros intereses, a los que también debe escuchar, diferentes a los de las eléctricas, que son los que hasta ahora han logrado la máxima influencia”.
La principal conclusión del informe es que las inversiones de las compañías eléctricas apuestan inequívocamente por las centrales térmicas de gas de “ciclo combinado”. Esta apuesta por el gas es 400 % más elevada que la realizada por las energías renovables, por lo que en la actualidad el parque de generación de las eléctricas españolas ha aumentado significativamente su capacidad de emisión de gases de efecto invernadero, ocho años después de la aprobación del Protocolo de Kioto, aún teniendo en cuenta el hecho de que una central de “ciclo combinado” emita menos de CO2 que una térmica de
carbón. Esta tendencia se mantiene en los planes estratégicos y proyectos en
marcha.
Llama la atención que apenas hay implantación de instalaciones de energía renovable por las eléctricas españolas en Latinoamérica y que la aportación en España de estas tecnologías limpias es modesta si se compara con la cifra de las centrales térmicas. Puede señalarse que la apuesta por las renovables, en la mayor parte de los casos, es más un elemento “decorativo” que inunda de imágenes de aerogeneradores las emorias, informes y publicidad de las compañías eléctricas, pero que no alcanza la misma
dimensión en la práctica. Sólo Iberdrola con más de 3.000 MW eólicos tiene en consideración esta tecnología (casi exclusivamente en Europa), aunque por debajo de sus activos térmicos (11.240 MW) y nucleares (3.334 MW).
La empresa que se decanta más decididamente hacia las tecnologías de combustión fósiles es Endesa, que ha incrementado su parque térmico en 11.490 MW por sólo 1.615 MW de renovables.
“La política del Ministerio de Industria debe cambiar radicalmente: no se puede seguir regalando a las eléctricas derechos de emisión y reduciendo los incentivos a las renovables ”, concluyó Montón.
Las principales demandas de Greenpeace al nuevo ministro de Industria se resumen en:
• No subvencionar a las compañías eléctricas en la emisión de CO2, no asignando ningún derecho de emisión gratuito al sector eléctrico en el Plan Nacional de Asignación de Emisiones para 2008-2012. El informe “Quién controla la energía en España” demuestra que estas compañías no necesitan tales subvenciones, pero que sí es necesario que reciban la señal adecuada de coste económico de las emisiones para que procedan a reducirlas tanto
como es posible.
• Una Ley de Energías Renovables.
• Desincentivos a las inversiones en nuevas centrales térmicas.
• Refuerzo de las políticas de ahorro y eficiencia energética.
• Plan de cierre de las centrales nucleares.
• Suspensión del plan de construir un almacén centralizado (ATC)
para los residuos radiactivos de alta actividad.
• Garantizar el derecho efectivo de los consumidores a elegir
electricidad limpia, mediante unas tarifas que reflejen los costes reales
del suministro
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