Los juzgados españoles registraron el pasado año un total de 82.750 denuncias por violencia doméstica, que en 32.145 ocasiones (38 por ciento) iban acompañadas de la petición de una orden de protección para la víctimas, según consta en el informe "La Justicia dato a dato", presentado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De estas denuncias, finalmente, un 10,6 por ciento fueron retiradas.
Mientras se solicitaron 17.485 órdenes de protección Un total de 102.265 víctimas eran mujeres (23.000 extranjeras), frente a 11.475 hombres (1.634 extranjeros). Por el contrario, el año pasado hubo 73.785 varones denunciados (17.714 extranjeros) frente a 9.421 mujeres denunciadas (1.939 extranjeras).

Cabe destacar que son Baleares y Canarias las comunidades autónomas que mayor tasa de denuncias registran por 10.000 habitantes (33,2 y 28,9, respectivamente), seguidas de Madrid (23,3), Andalucía (22,9), Murcia (20,9) y Valencia (20,6). En total, un 48,94 por ciento de los condenados eran hombres de nacionalidad española, 13,85 por ciento varones extranjeros, 2,71 mujeres españolas y un 0,63 de extranjeros.

Por otro lado, el pasado año los tribunales españoles ingresaron 70.892 asuntos de violencia sobre la mujer, de los que 61.141 lo hicieron directamente y 9.751 vinieron derivados de otros órganos. Al finalizar el ejercicio, habían resuelto 29.360, en su mayoría referidos a las diligencias previas o urgentes y quedaban pendientes 21.793.

En cuanto a las órdenes de protección para estas víctimas, se registraron 17.485, de las que 11.881 se referían a mujeres españolas mayores de edad, 5.025 a adultas extranjeras, 410 a menores españolas y 183 extranjeras. En 12.248 casos el denunciado fue un varón español, frente a 5.100 casos de varones extranjeros.

La inmensa mayorías de las órdenes de protección fueron solicitadas a instancia de la víctima (95,75 por ciento), mientras que el Ministerio Fiscal la solicitó en un 2,3 por ciento de las ocasiones, y en un 1,46 por ciento se instó de oficio. Casi un 70 por ciento de los condenados por violencia de género eran españoles y un 98,28 por ciento españoles.