El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Ley Orgánica de Igualdad entre Mujeres y Hombres después de rebajar su exigencia para las empresas. Las grandes compañías tendrán ocho años y no cuatro, como se preveía, para acomodar en sus consejos de administración al menos a un 40% de mujeres. El proyecto final es un recado conciliador a los empresarios, muy críticos con una norma que les empuja a negociar con los trabajadores la igualdad en los centros laborales, establecer planes para equiparar a hombres y mujeres, y a repartir la 'tarta' del poder en las grandes firmas. Uno de los cambios más importantes es que la nueva Ley añadirá ocho días al permiso de paternidad, que hasta ahora estaba limitado a dos.
«Espero que a los empresarios les guste la flexibilización del proyecto», comentó Jesús Caldera, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, tras proponer la nueva Ley en la reunión semanal del Gabinete. Esta concesión a las empresas, que además de contar con cuatro años más de margen no pasarán 'exámenes' anuales para evaluar cómo va la incorporación de féminas en sus órganos directivos, es la única modificación del texto después del paso por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Económico y Social (CES), y el Consejo de Estado. Todo lo demás sigue igual, incluidos los incentivos -preferencia en las contrataciones con las administraciones públicas- de que disfrutarán las empresas más comprometidas con la igualdad.
El Gobierno medirá el grado de cumplimiento de estas recomendaciones al cabo de cuatro años. Si por las buenas los empresarios no avanzan en la senda de la igualdad, la norma se endurecerá. Pero, hoy por hoy, «ésta no es una ley coactiva», señaló Caldera. Buena parte de su contenido es de mero impulso. Así, se insta a dar preferencia en la contratación y promoción de mujeres en las empresas con plantillas con claro predominio masculino. Se obliga a las empresas a negociar en los convenios medidas que promocionen la igualdad de trato -acceso, salario y ascensos- entre hombres y mujeres, pero no están obligadas a alcanzar acuerdos. Las de más de 250 trabajadores, sin embargo, tendrán que adoptar planes preceptivos en este sentido.
Medidas contra el acoso
Hay algunas medidas obligatorias, cuyo incumplimiento llevará aparejadas multas cuantiosas, de hasta 90.000 euros las más graves. La ley define además conceptos como la discriminación por sexo, el acoso sexual y el acoso en razón de sexo. En estos casos se invierte la carga de la prueba y será el denunciado por acoso quien tenga que demostrar la falsedad de los indicios, siempre que sean fundados.
La futura Ley de Igualdad incluye nuevos derechos laborales, de Seguridad Social y tímidas medidas de conciliación. Entre ellas, el nuevo permiso de paternidad de ocho días, independiente del de la madre, que se suma a los dos días de la actual licencia paternal, y un nuevo subsidio de maternidad para quienes carezcan del período de cotización mínima para acceder a la prestación. La discriminación laboral por embarazo, parto o lactancia será multada y nulo cualquier despido por maternidad de una trabajadora.
Caldera destacó el aval del Consejo de Estado al espíritu transformador del proyecto. El más alto órgano consultivo también da por bueno uno de los puntos más controvertidos, la paridad electoral de hombres y mujeres. La ley buscará la «presencia equilibrada» en las listas electorales, para que ningún sexo tenga más del 60% ni menos del 40% en las candidaturas.
